Tras el análisis de varias legislaciones constitucionales en América Latina respecto de la figura presidencial, el autor encuentra que el sistema peruano es uno de los más protectores: en nuestro país los delitos cometidos por los Presidentes de la República no pueden ser sancionados debido a que no se les exige responsabilidad penal ni constitucional durante el ejercicio de su mandato. Este preocupante diagnóstico será la base para la formulación de audaces propuestas de reforma constitucional.