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La pregunta orientadora con la que el autor de esta obra nos invita a compartir sus reflexiones es, a la vez, sugestiva y compleja: “¿Cabe responsabilidad fiscal para el funcionario encargado de formular políticas públicas?”.
Antes de que nos encontremos con un NO rotundo en la respuesta, el libro nos muestra, en medio de ricos matices analíticos, que en este ámbito los conceptos no son siempre blancos o negros sino que admiten diversos tonos grises.
Uno de los principales problemas surge cuando el formulador de una política pública es su mismo ejecutor. Esa posibilidad no es remota en países como el nuestro en los que la corrupción, la débil demarcación entre conflictos de intereses, inhabilidades e incompatibilidades, y los todavía escasos recursos técnicos en el ejercicio de la gerencia pública nos aproximan todos los días a esa opción dramática.
Evaluar una situación de ese tipo cuando se trata de deslindar responsabilidades de tipo fiscal no es un ejercicio sencillo. Acierta el autor al ilustrarnos sobre los alcances de la responsabilidades subjetiva y objetiva y al recordarnos, por la vía de una precisión magistral, que quien las asume en últimas es el particular –entendido en la órbita de la administración pública como la persona natural, porque materialmente las personas jurídicas no están en capacidad de tomar decisiones.
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