Este libro plantea una tesis novedosa en el mundo jurídico colombiano, la cual refiere que es posible ampliar la extensa y compleja doctrina científica y jurisprudencial sobre responsabilidad patrimonial del legislador a la actuación del poder constituyente. De esto se desprende que también sería posible, en términos jurídicos, responsabilizar al Estado colombiano por las actuaciones del poder constituyente. Si la Constitución Política de 1991 es finalmente reformada por el Poder Constituyente derivado o incluso al sustituirse o derogarse por el Poder Constituyente Originario, ¿será posible interponer acciones de reparación directa ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para exigir indemnizaciones por los posibles daños y perjuicios considerados “antijurídicos”? El autor basa su tesis en el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, uno de los elementos esenciales del ordenamiento jurídico público, y demuestra que existen fundamentos en el Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos originados en la sustitución total o parcial de la Constitución por la Asamblea Constituyente o por las reformas a la Carta Política a cargo de los Órganos autorizados para efectuarlas.
- Responsabilidad del Estado social de derecho por los actos del poder constituyente
- Portada
- Contenido
- Prólogo
- Prefacio
- Exposición del Plan de trabajo por el autor
- Introducción
- Agradecimientos
- Título primero. Del absolutismo y el autoritarismo al estado liberal de derecho, constitucional, social y democrático de derecho
- Capítulo 1. Estado de Derecho
- 1.1. Derechos de libertad y status personae libertatis
- Capítulo 2. Estado Social de Derecho
- 2.1. Derechos sociales, tutela judicial efectiva y status civitatis
- Capítulo 3. Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, español y colombiano
- 3.1. Derechos políticos, colectivos y status activae civitatis
- 3.2. El núcleo del constitucionalismo contemporáneo
- 3.3. La Democracia y el principio democrático
- 3.4. La participación
- 3.5. El pluralismo político
- 3.6. El principio de responsabilidad
- 3.7. El principio de legalidad y la vinculación de la actividad del poder público a la justicia material
- 3.8. Acciones para la protección de los derechos en el ordenamiento jurídico colombiano
- 3.8.1. La acción de tutela para la protección de derechos fundamentales
- 3.8.2. Las víctimas y la protección de sus derechos en Colombia -Ley de víctimas y Ley de Desastres-
- Título segundo. De la irresponsabilidad a la responsabilidad del Estado constitucional
- Capítulo 1. De la irresponsabilidad patrimonial en el Estado Absolutista y Totalitario a la responsabilidad en el Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho
- 1.1. El punto de inflexión
- Capítulo 2. El camino hacia la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia
- 2.1. La responsabilidad patrimonial del Estado en vigencia de la Constitución Nacional de 1886
- 2.2. El redimensionamiento de la responsabilidad patrimonial del Estado en vigencia de la Constitución Política de 1991
- 2.2.1. Régimen de responsabilidad subjetiva o por falla y elementos que deben demostrarse para su configuración
- 2.2.2. Régimen de responsabilidad objetiva y elementos que deben demostrarse para su configuración
- Capítulo 3. Las experiencias del Derecho comparado
- Capítulo 4. Evolución de la responsabilidad del Estado por el hecho de la ley en Colombia
- 4.1. La responsabilidad del Estado por el hecho de la ley, en vigencia de la Constitución Nacional de 1886
- 4.2. Afianzamiento de la responsabilidad del Estado Legislador a partir de la Constitución Política de 1991
- 4.3. El debilitamiento de los argumentos en contra de la posibilidad de responsabilizar al Estado por la actividad legislativa
- 4.4. No es requisito indispensable el examen de constitucionalidad de la ley para que pueda surgir responsabilidad estatal por la actividad legislativa
- 4.5. La previsión constitucional y legal de la indemnización no excluye que el Estado deba reparar por los daños causados por la actividad legislativa
- 4.6. Responsabilidad del Estado por la ley declarada inexequible, en vigencia de la Constitución Política de 1991
- 4.7. Responsabilidad del Estado por las leyes declaradas exequibles a partir de 1991
- 4.8. Responsabilidad por el hecho de la ley en España
- Título tercero. Responsabilidad del estado constitucional colombiano por los actos del poder constituyente. Elementos para su configuración
- Capítulo 1. Límites del Poder constituyente en su actuación
- 1.1. Toda regulación jurídica y la actuación de los órganos y poderes públicos está sometida a la Constitución y a sus fines
- Capítulo 2. Facultad de reforma a la Constitución en Colombia desde 1886 hasta la actualidad y el control de constitucionalidad sobre la misma. El fenómeno de la sustitución de la Constitución en Colombia
- 2.1. Las enmiendas a la Constitución y su control de constitucionalidad, en vigencia de la Carta de 1886
- 2.2. Facultad de enmiendas a la Constitución y control de constitucionalidad sobre las mismas, a partir de 1991
- 2.2.1. Iniciativa, trámite y aprobación de las reformas constitucionales a cargo del Congreso de la República, de la Asamblea Constituyente y del Pueblo mediante Referendo
- 2.2.2. Control de constitucionalidad por vicios formales sobre las reformas constitucionales
- 2.2.3. Alcance del concepto "reforma" a la Constitución, y desbordamiento de esa facultad
- 2.2.4. Control de constitucionalidad sobre reformas constitucionales por vicios de competencia -tesis de la sustitución de la Constitución-
- 2.2.5. La inmunidad jurisdiccional de los actos del Poder constituyente originario en la Constitución de 1991, no descartan que puedan causar daños y menos que deba repararse
- Capítulo 3. Hacia la afirmación de la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho del Poder constituyente
- 3.1. De la legitimación del Poder constituyente originario ni del derivado, no se sigue necesariamente que sus actos descarten causar daño y, menos aún, que deban quedar en la impunidad
- 3.2. La autonomía del control de constitucionalidad o, en su caso del de convencionalidad, del juicio de responsabilidad
- 3.3. La defraudación de la confianza que es fundamento de la legitimidad política, como criterio para establecer la responsabilidad
- 3.3.1. Elementos exigibles para la identificación de situaciones que deben ampararse con fundamento en la confianza legítima
- 3.3.2. Expectativas legítimas protegibles por el principio de confianza legítima
- 3.3.3. La confianza legítima como título de imputación de responsabilidad por el hecho del Poder constituyente
- 3.4. La posición de la víctima, con independencia en cuanto al acto dañoso
- 3.5. No se requiere demostrar la anormalidad y excepcionalidad del daño, sino su carácter antijurídico o injusto
- 3.6. Responsabilidad patrimonial del Estado por las reformas constitucionales
- 3.6.1. Responsabilidad subjetiva por las reformas declaradas inexequibles y título de imputación
- 3.6.2. Responsabilidad objetiva por la vigencia de las reformas constitucionales y por las declaradas exequibles y régimen aplicable
- 3.7. Responsabilidad patrimonial del Estado por los actos del Poder constituyente originario, régimen y título de imputación
- Capítulo 4. La acción de reparación directa para buscar judicialmente la indemnización de los daños causados por la acción u omisión de las autoridades públicas
- Capítulo 5. La acción de tutela como medio idóneo y eficaz, tendiente al restablecimiento de los derechos fundamentales, que podrían vulnerarse por el rechazo de la demanda reparatoria o por la negativa de sus pretensiones
- Capítulo 6. El control de convencionalidad por la violación del Pacto de San José de Costa Rica y sus protocolos adicionales
- 6.1. En el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por los actos del Poder constituyente el Juez de lo Contencioso Administrativo debe ejercer control difuso de convencionalidad
- 6.2. Los actos del Poder constituyente originario son inmunes al control de constitucionalidad, pero no al control concentrado de Convencionalidad
- Conclusiones
- Bibliografía
- Referencia legislativa
- Referencia jurisprudencial
- Referente doctrinal
- Apéndice legislativo
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